miércoles, noviembre 21, 2012

FAENÓN EN EL PAGO DE BONOS DE LA REFORMA AGRARIA


La Reforma Agraria de Velasco consistió en expropiar los complejos agroindustriales y latifundios (principalmente del norte) y redistribuir estas propiedades entre campesinos organizados en cooperativas y sociedades. Esta expropiación, generó una deuda pendiente con los propietarios (hacendados y latifundistas)  a quienes se les otorgó bonos, a través de los cuales el Estado reconoció la deuda contraída.

Resulta que luego de cuarenta años muchos hacendados murieron y los herederos viendo lejana la posibilidad de cobrar prefirieron vender los bonos a entidades financieras (ver infografía). Estas entidades hicieron un gran negocio, adquirieron los bonos muy por debajo de su costo real, en muchos casos pagando el 20% o menos del valor. Hoy estos bonos están valorizados entre 3 y 8 mil millones de dólares.

El caso ha llegado al Tribunal Constitucional por gestión del Colegio de Ingenieros, quienes exigen el pago de la deuda agraria a precios actualizados y con sus intereses respectivos. En estos días, el Tribunal Constitucional debe emitir un fallo que al parecer será favorable a quienes tienen actualmente la propiedad de los bonos y esto porque el actual presidente del Tribunal Constitucional Ernesto Álvarez hizo un comentario a favor del pago de esta deuda lo cual fue considerado por medios periodísticos y críticos políticos como adelanto de opinión, dejando claro cuál será el fallo del T.C.

Según el presidente del Tribunal Constitucional “No hay adelanto de opinión porque este tema ya ha sido resuelto en el 2001, la obligación del pago es cosa juzgada, lo que se tiene que hacer es ver los mecanismos para llevar a cabo dicho pago con una solución para que el Estado honre sus compromisos” (tomado de entrevista en ATV+) además alerta que de no pagarse estos bonos históricos, el Perú estaría expuesto a denuncias de organismos internacionales.

Lo que llama la atención, es la preocupación de varios funcionarios del gobierno y miembros del Tribunal Constitucional en favor del pago de los bonos agrarios por tratarse de un “problema histórico”, ¿acaso el FONAVI también no es un problema histórico? y hasta existe un referéndum a favor del pago a los trabajadores. Bueno hay una diferencia que evidencia el interés desmedido por el primer caso y la desidia por el segundo. En el primero hay un gran negocio, un faenón y aceitadas que como ciudadanos debemos denunciar. 

Habría que preguntarse también por qué muchos de los jueces del tribunal no son cambiados, a pesar de ya haber cumplido el periodo para el cual fueron elegidos. Según nuestra constitución el Congreso es responsable de la elección de nuevos miembros, ¿que se están esperando?
             

martes, noviembre 06, 2012

BARBADILLO INN

"Por el hecho de haber sido el más alto funcionario de la República, existe la necesidad brindar condiciones especiales de reclusión al ex presidente Fujimori, eso se entiende. No puede ser recluido en una penal común, por tratarse de un ex presidente; pero de ahí a brindar comodidades exclusivas, como las que denuncia Manrique en este artículo es un exceso que no se puede  permitir, es hora que la prensa acceda a la "prisión" de Fujimori y confirme o desmienta esta denuncia"


Por Nelson Manrique Gálvez
Martes, 06 de noviembre de 2012

Luego de sucesivas marchas y contramarchas Alberto Fujimori firmó el pedido de indulto que se ha elevado al presidente Humala. Inmediatamente su abogado, César Nakazaki, se apresuró a señalar que esto no supone un pedido de perdón, lo cual fue rebatido de forma igualmente rauda por un distinguido grupo de juristas. Obviamente aquí hay algo más que un apasionado debate filológico. Lo que los fujimoristas pretenden es que Fujimori reciba la gracia presidencial sin el reconocimiento de los delitos que ha cometido. En otras palabras, torcer la justicia sacándole la vuelta a una sentencia firme emitida por el Poder Judicial.

Para Nakazaki, que Fujimori haya firmado lo hace virtualmente merecedor de un indulto automático. Por supuesto, así no son las cosas. En primer lugar, un convicto que purga prisión por crímenes de lesa humanidad, secuestro agravado y corrupción no merece un indulto político. En segundo lugar, según el artículo 31 del Reglamento de la Comisión de Gracias Presidenciales, un indulto humanitario es otorgable a “los que padecen enfermedades no terminales graves, que se encuentren en etapa avanzada, progresiva, degenerativa e incurable; y además de que las condiciones carcelarias puedan colocar en grave riesgo su vida, salud e integridad”.

Va a ser difícil demostrar que es esa la situación de un reo que dispone de una vivienda de más de una hectárea de extensión (10.050 m2 para ser más exactos, y sugiero a los lectores que comparen con la dimensión de su propia casa). De acuerdo a un informe elaborado por Edmundo Cruz y Elízabeth Prado, durante el gobierno de Alan García Fujimori eligió dónde sería recluido, basándose en el mejor clima del ex fundo Barbadillo, y diseñó su remodelación. Su celda tiene asignada un área de 800 metros cuadrados, con sala de estudio, dormitorio, comedor y baños, andenes con 5 mil rosales, un policlínico con tres enfermeras, dos médicos y una ambulancia permanente, sala de visitas alfombrada, con aire acondicionado, frío bar, sillón de masajes, televisor, cabina telefónica, celulares, laptops y otros dispositivos de comunicación. Cuando se fueron los cuatro policías con los cuales compartía la reclusión, Fujimori aprovechó para agrandar sus dominios: “ha tomado posesión de toda la infraestructura contigua del Ceinpol. El comedor de policías es ahora salón para artes manuales y sesiones de canto. En la campaña electoral del 2011 esta sala sirvió para las reuniones semanales de los 300 representantes del fujimorismo... el segundo y tercer pisos de este edificio fueron utilizados como almacén de la propaganda política de su hija Keiko”.

Keiko ha alegado que todos los penales tienen esas mismas instalaciones, lo cual es, de entrada alucinante, pero, adicionalmente, olvidó mencionar que, mientras en Lurigancho las instalaciones son compartidas por cerca de 9 mil internos, Fujimori es el único inquilino de todo el penal que ocupa, con guardias que son elegidos por él y con una privacidad que viola todas las leyes penitenciarias: “Es insólito, pero ni siquiera los representantes del Ministerio Público pueden entrar al área privada de 800 metros cuadrados de Fujimori. Para este efecto, este sale a atender a una sala administrativa. Igual si se trata de un juez” (Edmundo Cruz y Elízabeth Prado, “Privilegios de Diroes descalifican indulto a Alberto Fujimori”, La República, 29/10/2012, http://bit.ly/UbvFy7).

Antes de dictaminar sobre el pedido de indulto de Fujimori haría bien el gobierno en abrir el acceso de la prensa a su centro de reclusión y adecuar su régimen penitenciario a lo que dictan las leyes peruanas. Ni que fuera un senador japonés electo para ostentar tales privilegios.

En un programa televisivo se ha denunciado que los regidores Luis Valer Coronado y Cayo Tito Quillas intentaron beneficiar a sus familiares en un concurso público de rutas viales en la Municipalidad de Lima y estafaron a empresarios peruanos con la venta de buses chinos, en complicidad con una supuesta representante de esa nacionalidad llamada nada menos que Susana Cuy. Es necesario que la comuna se pronuncie inmediatamente y, de ser esta acusación verdadera, imponga las más drásticas sanciones. La superioridad moral es una cuestión fundamental en la campaña que se abre contra la revocatoria.