Los escándalos éticos
de congresistas en los últimos veinte años han generado y prolongado la agonía
del congreso como institución garante de la representación ciudadana. Lo
preocupante es que cada vez más ciudadanos perciben que el congreso es una
institución inútil y sin importancia.
A nivel
latinoamericano nuestro país tiene el congreso con menos respaldo ciudadano. Esta percepción ciudadana se justifica,
fortalece y consolida con acciones como el cobro de un “bono de representación”
que ha generado indignación nacional.
En 1990 cuando Alberto
Fujimori asumió la presidencia, el congreso se había ganado la fama de ser excesivamente
burocrático, neutralizador del ejecutivo, un obstáculo para el desarrollo y
para superar los problemas que urgían en nuestro país. Esto sirvió de justificación para su disolución en 1992 y contó con el aplauso de la platea ciudadana[1].
La reorganización del legislativo planteada por Fujimori debía superar las
debilidades que justificaron el golpe, por ello se requería un congreso práctico
(unicameral), ágil, una maquinaria emisora de leyes que permitiera al ejecutivo
afrontar los problemas que afectaban al país (terrorismo, narcotráfico,
corrupción, pobreza). Se vendió la idea que la bicameralidad restaba celeridad
al momento de aprobar leyes “en beneficio del país”, burocratizaba el rol del
congreso, 240 parlamentarios entre senadores y diputados obstaculizaban la
labor del ejecutivo y el rol fiscalizador del poder judicial, que dicho sea de
paso también era y es corrupto, ademas resultaba un gasto excesivo para un estado en crisis.
Como todos
sabemos, la población respaldó las reformas del gobierno: un congreso
unicameral -de mayoría oficialista para 1993- con 120 congresistas y la aprobación de una
nueva constitución por referéndum, pues la anterior (la de 1979) era producto de
ese congreso desprestigiado, burocrático e irresponsable.
Han transcurrido 20
años desde el autogolpe del 5 de abril y los males que afectan nuestro congreso
se han agravado. Hoy como ayer se habla de un congreso corrupto, burocrático, inmoral, creado en el marco de una dictadura y con una constitución que nació en medio de la autocracia. No sea que nuevamente estemos generando las condiciones para
una nueva disolución justificada del congreso y subsecuente dictadura, que como
antes generó un grave impacto en el desarrollo de nuestra democracia y
atropelló los derechos ciudadanos.
Pero quienes
tienen la responsabilidad ante esta crisis institucional.
Gran parte de la
responsabilidad corresponde a la dictadura de Alberto Fujimori pues utilizó el “renovado”
legislativo no solo para sostener y prolongar su permanencia en el poder, sino además
para privilegiar a grupos económicos – lobbies con empresarios extranjeros – con afanes extractivos, asegurar las
privatizaciones y brindar todas las facilidades en la disposición de fuerza
laboral “flexibilización laboral”, aun cuando esto significó la eliminación de
sindicatos y con ello derechos laborales. No cambiaron aquel pasado que fue
motivo de su disolución, sino aprovecharon las nuevas condiciones para servirse
y mantener el poder a todo costo.
El transfuguismo,
fue un fenómeno que se desprende de este uso fujimorista del parlamento. Todos
recordamos los vídeos grabados por Vladimiro Montesinos que prueban el grado de
importancia para el gobierno de disponer del control absoluto de las instituciones del Estado. Parece que esta idea de servirse del poder, crear clientelas, establecer redes de influencia y el congreso como medio para "faenones" y enriquecimiento, son la principal motivación para quienes ansían un escaño. Cuando se convoca a elecciones los partidos políticos abren sus inscripciones al mejor postor y los interesados están dispuestos a invertir grandes sumas de dinero para postular en cualquier plancha sea cualquiera la tendencia política que tengan que representar, total una vez en el congreso nada asegura su permanencia en el partido, siempre hay mejores propuestas.
La prensa tiene
parte de la responsabilidad, pues presenta los actos de corrupción solo como
sensacionalismo mediático, “el chongo de la semana” y en ese nivel se mantiene
hasta un nuevo “chongo” y contribuye a la caricaturización de la labor congresal. La prensa se comporta como el candelero en la pelea,
quien hecha leña al fuego sin llegar a asumir su responsabilidad ni
comprometerse en la resolución del conflicto. La mayoría de periodistas evitan presentar el problema en contexto, buscando sus causas y consecuencias, las
complicaciones que actos de corrupción pueden generar en nuestra débil democracia,
presentando casos y comparando realidades, de tal manera que los ciudadanos a través
de esta información integral del problema, podamos aperturar espacios de dialogo
deliberativo sobre estos asuntos y comprometernos en la toma decisiones que
tengan un impacto decisivo en la reorientación de la política en nuestro país.
Los ciudadanos también
tenemos parte de esta responsabilidad, al no asumirnos como miembros activos en
la administración del poder político. Asumir la responsabilidad como
ciudadanos, significa fiscalizar las acciones del gobierno, exigir con nuestro
consumo una mejor información de la prensa, organizarnos y emitir una elección informada
y responsable.
Está claro que la
coyuntura política de 1990 era diferente, la agobiante crisis económica
heredada por el gobierno aprista y el creciente avance del terrorismo eran
temas que requerían de acciones políticas inmediatas, pero que debían corresponder
al estado de derecho, un estado de derecho que estuvo ausente a lo largo de aquel
decenio fujimorista.
Todos tenemos parte
de responsabilidad en esta crisis ética. Como ciudadanos observamos las
denuncias de la prensa y somos los primeros en cuestionar y escandalizarnos de
los actos de corrupción de los congresistas. Sin embargo en nuestra cotidianidad
cometemos pequeños actos de corrupción, que aunque no son publicitadas ni
expuestas por la prensa, tienen el mismo daño que aquellas en que se involucra
a los congresistas. Pasar una luz roja, cruzar a mitad de calle y evitar los
puentes peatonales, piratear el cable, viajar usando la tarjeta de un amigo o
familiar universitario o bombero, bambear productos, arreglar los medidores de
luz y agua para pagar menos…tienen el mismo impacto antipedagogico en la sociedad. No existen grandes actos de corrupción ni pequeños
actos de corrupción, solo una actitud corrupta extendida e institucionalizada
en nuestra sociedad, donde el cambio depende de tí.
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[1] No hemos dejado de ser platea, seguimos
observando el espectáculo, vociferando, renegando, sin asumir la responsabilidad
de ser parte de. Democracia se resume en participación y aún no hemos
desarrollado a plenitud ese ejercicio.
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