miércoles, febrero 14, 2018

ANARQUÍA MILITAR


Anarquía Militar
La anarquía militar (1841 -1845) es el periodo de nuestra historia republicana marcado por la inestabilidad política y alternancia de caudillos a través de golpes militares.  
El inició de la Anarquía esta marcado por la muerte de Agustín Gamarra durante la batalla de Ingaví el 18 de noviembre de 1841, cuando pretendía anexar Bolivia al Perú. Gamarra siempre cuestionó la existencia de Bolivia como república independiente, muy por el contrario la consideraba parte del Alto Perú, que había sido amputada antojadizamente  por Simón Bolívar a través de su jefe militar Antonio de Sucre.  
A la muerte de Gamarra, asumió la presidencia Manuel Menéndez (presidente del Consejo de Estado), quien irónicamente había autorizado el retorno de Crisostomo Torrico al Perú - Torrico había sido enviado al exilio por diferencias con Gamarra-. 
Tras la firma de Paz con Bolivia en 1842 Menéndez convocó a elecciones, sin embargo los afanes golpistas de Gutiérrez de la Fuente y la inacción de Menéndez aceleró el golpe militar de Crisóstomo Torrico. 
Luego de la batalla de "Agua Santa" Crisóstomo Torrico fue depuesto, y huyó a Chile acompañado de San Román. Mientras que La Fuente y Francisco Vidal regresaban a Lima para tomar el poder. Vidal asumió la presidencia y nombró ministros a La Fuente, Javier Mariátegui y Benito Laso. Ante la significativa presencia militar de Vivanco en el sur, Vidal decidió nombrarlo Ministro de Guerra y Marina, cargo que Vivanco aceptó, no obstante dejó sentir su rechazo al gobierno de Vidal y La Fuente. 
Poco tiempo después, ante la insurrección de  Vivanco en el sur, Francisco Vidal y Gutierrez de la Fuente decidieron cederle el poder al lambayecano Pérez Figuerola "plan del Pino". 
Por más que Figuerola intentó menguar los afanes golpistas de Vivanco, inclusive comisionó a Francisco Javier Mariátegui para la negociación de Paz, el caudillo "regenerador" persistió hasta tomar el poder e instaurar "El Directorio".

Fuente: Jorge Basadre Grohmann "Historia de la Républica del Perú 1822 - 1933", Colección diario "El Comercio", V4.  
  
  

DIVISIÓN TERRITORIAL A INICIOS DE LA REPÚBLICA


Una vez consolidada la independencia, el territorio nacional debió ser el mismo que durante el virreinato, pero veremos cómo poco a poco se  fueron estrechando nuestras fronteras;  en algunos casos, a consecuencia de malos manejos diplomáticos, en otros por derrotas en el campo de batalla.
A fin de demarcar el territorio se emplearon dos principios del código Romano Uti Possidetis Ita Possidetais “lo que poseíais lo seguirás poseyendo” y Libre determinación de los Pueblos.

El primero consistió en que cada Estado, ahora independiente, mantendría los mismos territorios que tenía durante el virreinato hasta el año 1810 -fue la fecha de inicio de las luchas por la independencia-. Es decir, en 1824 Perú debió mantener el mismo territorio que tuvo en 1810, este principio rige por antigüedad. En 1810 Guayaquil pertenecía al virreinato del Perú.  Con este principio ganamos: Puno (retornó en 1896), Maynas (1802), Guayaquil (1803) y el alto Perú (1810). Perdimos Jaén de Bracamoros (pertenecía al virreinato de nueva Granada, audiencia de Quito).

El segundo se basa en la libre voluntad de un Pueblo de formar parte de uno u otro Estado, fue el caso del Pueblo de Jaén cuya decisión consistió en formar parte del Perú aún perteneciendo a la Audiencia de Quito. Este principio es determinante. Con este principio perdimos: el alto Perú en 1825 (Bolivia) y Guayaquil en 1829 -pasó primero a la Gran Colombia y en 1830 a Ecuador-.



DIVISIÓN TERRITORIAL DURANTE EL VIRREINATO

Las disputas territoriales entre conquistadores y sus consecuencias[1], además del cuestionamiento a la autoridad real en las colonias (rebeldía de los encomenderos), impulsaron al Rey Carlos V a reorientar la administración colonial y asumir el control directo. De esta manera, fueron disueltas las gobernaciones y  se dispuso el envío de un representante real quien haría las veces del rey en las colonias, el Virrey.
El Virreinato del Perú fue creado el 20 de noviembre de 1542 por Real Cédula de Barcelona y firmada por el Rey Carlos V. Abarcó el territorio que correspondió a las gobernaciones y para optimizar su administración contaron con siete sedes jurídicas llamadas audiencias que se fueron creando sucesivamente: la Audiencia de Panamá, (1535); la de Santa Fé de Bogotá o de Nueva Granada (1549); la de Quito (1563); la de Lima (1542); la de Charcas (1559); la de Chile (1609) y la de Buenos Aires (1661). En 1787 fue creada la Audiencia del Cusco.                      

Durante los siglos XVI y XVIII el virreinato peruano abarcó toda América del sur excepto Venezuela (jurisdicción de la audiencia de Santo Domingo y por ende pertenecía al virreinato de Nueva España “México”) y los dominios de Portugal demarcado por la línea de Tordesillas.


En el siglo XVIII, ascendieron al trono español los borbones, quienes, con la finalidad de lograr un mayor control sobre sus posesiones coloniales, decidieron establecer nuevas jurisdicciones territoriales. Así crearon otros virreinatos, y los subdividieron a todos en intendencias[2]. En 1717 el rey Felipe V dispuso la creación del Virreinato de nueva Granada sobre la base de la audiencia de Bogotá, abarcó además las audiencias de Quito y Panamá, posteriormente sería disuelto y vuelto a instaurar en 1739 durante el reinado de Carlos III. En 1776 se creó el Virreinato del Río de la Plata su capital fue establecida en Buenos Aires e incluía las minas de Potosí. Así mismo, se crearon las capitanías generales[3] de Venezuela (1777) y Chile (1778), la primera dependiente de Nueva Granada y la segunda del Perú.     



[1]  La guerra entre Pizarro y Almagro por el Cusco, en el marco de la definición de los límites de sus gobernaciones, terminó con la muerte de ambos conquistadores.  
[2] Institución que reemplazó a los corregimientos, a la cabeza de estas instancias estuvieron los intendentes, quienes tenían la misión de promover la prosperidad económica y el aumento de los ingresos fiscales. Por sus atribuciones de gobierno, justicia, guerra, economía y religión alcanzaron un nivel de autonomía que, a la larga socavó la autoridad de  los virreyes.
[3] Las capitanías generales fueron ubicadas en zonas conflictivas.