La Reforma Agraria de Velasco consistió en expropiar los complejos
agroindustriales y latifundios (principalmente del norte) y redistribuir estas propiedades entre campesinos organizados en cooperativas y sociedades. Esta
expropiación, generó una deuda pendiente con los propietarios (hacendados y
latifundistas) a quienes se les otorgó
bonos, a través de los cuales el Estado reconoció la deuda contraída.
Resulta que luego de cuarenta años muchos hacendados murieron y los herederos
viendo lejana la posibilidad de cobrar prefirieron vender los bonos a entidades
financieras (ver infografía). Estas entidades hicieron un gran negocio, adquirieron los bonos
muy por debajo de su costo real, en muchos casos pagando el 20% o menos del
valor. Hoy estos bonos están valorizados entre 3 y 8 mil millones de dólares.
El caso ha llegado al Tribunal Constitucional por gestión del Colegio de Ingenieros,
quienes exigen el pago de la deuda agraria a precios actualizados y con sus
intereses respectivos. En estos días, el Tribunal Constitucional debe emitir un
fallo que al parecer será favorable a quienes tienen actualmente la propiedad
de los bonos y esto porque el actual presidente del Tribunal Constitucional
Ernesto Álvarez hizo un comentario a favor del pago de esta deuda lo cual fue
considerado por medios periodísticos y críticos políticos como adelanto de opinión, dejando claro cuál
será el fallo del T.C.
Según el presidente del Tribunal Constitucional “No hay
adelanto de opinión porque este tema ya ha sido resuelto en el 2001, la
obligación del pago es cosa juzgada, lo que se tiene que hacer es ver los
mecanismos para llevar a cabo dicho pago con una solución para que el Estado
honre sus compromisos” (tomado de entrevista en ATV+) además
alerta que de no pagarse estos bonos históricos, el Perú estaría expuesto a denuncias
de organismos internacionales.
Lo que llama la atención, es la preocupación de varios funcionarios del
gobierno y miembros del Tribunal Constitucional en favor del pago de los bonos agrarios por tratarse
de un “problema histórico”, ¿acaso el FONAVI también no es un problema
histórico? y hasta existe un referéndum a favor del pago a los trabajadores.
Bueno hay una diferencia que evidencia el interés desmedido por el primer caso
y la desidia por el segundo. En el primero hay un gran negocio, un faenón y aceitadas
que como ciudadanos debemos denunciar.
Habría que preguntarse también por qué muchos de los jueces del tribunal no son cambiados, a pesar de ya haber cumplido el periodo para el cual fueron elegidos. Según nuestra constitución el Congreso es responsable de la elección de nuevos miembros, ¿que se están esperando?
